Responsabilidad Patrimonial del Estado por fallas del Servicio de La Cámara de Comercio, con ocasión de la función de Registros Públicos
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Editores
Ediciones Nueva Jurídica
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Fecha
2024
Cita bibliográfica
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Descripción general
Libro físico, 502 p. , texto
Notas
La responsabilidad del Estado constituye uno de los postulados esenciales del ordenamiento jurídico de una nación civilizada, por este motivo nace la idea y la necesidad de realizar esta investigación en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado, que se puede generar con ocasión de la función de registros públicos, delegada a las Cámaras de Comercio mediante la figura de descentralización por colaboración en virtud de los artículos 1°, 2°, 123, 209, 210 y 365 de la Constitución Política.
El Estado en cumplimiento de sus fines esenciales en virtud de la figura constitucional de descentralización por colaboración delegó a particulares algunas funciones públicas. A las Cámaras de Comercio, entidades de orden privado, el legislador les autorizó organizar y administrar el Registro Único Empresarial y Social, asimismo les confirió la función de ser centros de arbitraje, conciliación y amigable composición. En el desarrollo de estas funciones muchas veces ocurren fallas del servicio, que pueden ocasionar daños antijurídicos.
La responsabilidad por falla del Estado en el ordenamiento jurídico colombiano es el título de imputación con mayor preponderancia. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 la responsabilidad patrimonial del Estado adquiere estatus de norma constitucional. El dilema surge, cuando ocurre un daño antijurídico o se viole los derechos de los administrados en la prestación de los servicios registrales, ¿quién responde?
La finalidad de este estudio realizado para obtener el título de Doctor en Derecho es establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de los actos administrativos emanados de la función de registro público y de cualquier otro tipo de actuación que tenga relación directa con el servicio registral delegado por mandato de ley a las Cámaras de Comercio.